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Consideraciones sobre la teoría de Derechos Humanos aplicables al sector salud PDF Imprimir Correo

Consideraciones sobre la teoría de Derechos Humanos aplicables al sector salud


Dra Judith Aular de Durán

Rectora (E) de la Universidad del Zulia


Simposio

La Sustentabilidad: una política para la investigación en ciencias de la salud

 

 V Congreso y XIV Jornadas Científicas de la Facultad de Medicina

"Dr. Humberto Rivera"


Jueves: 23 de mayo de 2013

Hora: 10:30 am

Salón Falcón, Hotel Venetur

 

 

Salutación

 

 

*Compañeros ponentes, invitados especiales, investigadores, egresados y estudiantes de pregrado y postgrado, personal de apoyo y  público asistente al Quinto Congreso y Décima Cuartas Jornadas Científicas Dr. Humberto Rivera, de la Facultad de Medicina de LUZ.

 

*Nuestro reconocimiento al Decano Sergio Osorio y a la doctora Gisela Romero, así como a todo el equipo académico y de logística que ha hecho posible la organización y desarrollo de estos  eventos científicos, tan importantes para el contraste de las ideas y las experiencias.

 

*Agradezco la invitación a este simposio que aborda, desde diferentes escenarios del saber, el enfoque de la Sustentabilidad y sus vínculos con el desarrollo de la investigación en las ciencias de la salud.

 

Mi propósito es presentar un conjunto de reflexiones sobre el Derecho a la Salud, tomando en cuenta las profundas desigualdades y distorsiones en la organización sanitaria, en la asistencia en salud y en el desarrollo y difusión de las técnicas y recursos  terapéuticos, tanto en el mundo desarrollado como en los países pobres o  de desarrollo intermedio, como es el caso de Venezuela.

 

La Medicina, como ciencia protectora y garante de la vida, responde a exigencias y presiones profesionales y científicas fundamentales, como la nivelación máxima de los modos de asistencia, es decir que el enfermo reciba, por justicia, el trato diagnóstico y terapéutico al que tiene derecho.

 

No siempre ha sido así. La visión de la salud como derecho es relativamente reciente en la historia de la Humanidad. Sus raíces las encontramos en los incipientes modelos de protección de la salud del Estado liberal de la Europa de finales del siglo 19.

 

Hasta  entonces, el Estado se desentendía de la protección de la salud de las personas, enfocándose globalmente en la salud pública, casi siempre en funciones de saneamiento y atención en caso de epidemias.

 

De manera que los individuos accedían a la atención médica de acuerdo con su capacidad financiera y esto suponía la virtual exclusión de la mayoría de la población de la atención sanitaria mínima.

 

El abandono e insalubridad, derivadas de las deplorables condiciones de vida y de trabajo durante la Revolución Industrial, generaron el caos en la Europa de finales del siglo 19 y principios del 20, haciendo que el tema de la salud alcanzara el estatus de emergencia social.

 

Alemania da el primer paso al aplicar el modelo Bismark (bismar) que viene a ser el primer antecedente de un modelo de seguridad social.

 

Los trabajadores comienzan a cotizar obligatoriamente una parte de su salario para constituir fondos para la atención de ellos y sus familias.

 

Los primeros sistemas de salud solo cubrían a los trabajadores sindicalizados y a sus familias, mientras que el resto de la población no tenía acceso a los servicios.

 

Esta dualidad, entre quienes tenían la oportunidad de costear la atención sanitaria y quienes dependían del apoyo del Estado, distorsiona el Derecho Universal a la Salud y deriva en una administración de salud desigual.

 

En términos generales, la mayoría de los sistemas de salud en el mundo, se organizan alrededor de dos grandes pilares:

 

a) los servicios curativos, que se someten a las leyes del mercado y generan una asistencia sanitaria diferenciada, en la que cada persona recibe la atención de salud que puede pagar.

 

b) la salud pública, que se deja en manos del Estado, pues aunque es valorada por la sociedad como muy importante, no es rentable económicamente.

 

La dualidad público-privada, lejos de complementarse y aprovechar las fortalezas de cada sistema, ha elevado los niveles de discriminación, inequidad y segmentación, especialmente durante el ascenso de las políticas neoliberales, en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado.

 

Posteriormente, la recesión económica del nuevo milenio, ha acrecentado la mayor inequidad en los sistemas de salud, con diferencias notables en los sistemas de cobertura.

 

Salvo en los países nórdicos europeos,  la mayoría de los modelos de atención sanitaria pública han entrado en crisis, incluyendo a las naciones del más alto desarrollo como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

 

En el caso de América Latina, los esquemas de gestión de la administración sanitaria, altamente burocratizados y centralizados, con presupuestos insuficientes, han devenido en el deterioro de las redes hospitalarias y de los programas de salud pública.

 

Aunque es justo reconocer que los indicadores sanitarios del bloque latinoamericano han mejorado en la última década, las expectativas de atención de la población siguen por debajo del promedio y de los parámetros de calidad y suficiencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud y en función de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

 

Hoy, a diferencia de las décadas anteriores,  América Latina dispone de conocimientos, de herramientas, y recursos financieros.  Lo que se necesita es voluntad y compromiso político para elevar la calidad y la atención, sin exclusiones, en los servicios de salud.

 

Son pocos los sistemas de atención sanitaria guiados por modelos de gestión enfocados desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, muy pocos países dan cumplimiento a las obligaciones del Estado para hacer efectivo el ejercicio y goce de todos los derechos humanos de los ciudadanos.

 

SALUD Y DERECHOS HUMANOS

 

Es necesario retomar la discusión desde las bases morales y éticas de la asistencia sanitaria, partiendo de una premisa fundamental:

 

TODOS LOS SERES HUMANOS SON ACREEDORES DE DERECHOS ESPECIALES Y DE LA SINGULAR PROTECCIÓN DE LA SALUD.

 

La salud, como derecho humano, deriva de tres principios morales:

 

-LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL.

 

-LA INVIOLABILIDAD DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

 

-Y EL PRINCIPIO DE LA CIUDADANÍA.

 

 

Es decir, el fin último de toda política pública y asistencial es el ser humano, tomando en cuenta su dimensión individual y colectiva.

El Estado es garante de adoptar y aplicar todo tipo de medidas que conduzcan a la realización de tales derechos, desde una visión integral que no se reduce a acciones aisladas, coyunturales o de beneficencia.

 

Esta visión de la gestión pública, enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos, debe situar a las personas y al reconocimiento de sus derechos en el centro del diseño de las políticas públicas.

 

EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS

EN EL ESTADO SOCIAL

 

El usuario no puede asumirse en la gestión pública sanitaria como un agente pasivo o mero beneficiario de una decisión discrecional.  Las políticas públicas deben reconocer a las personas como titulares de derechos y al Estado como el principal agente obligado a respetar, proteger, promover y garantizar esos derechos.

 

Este empoderamiento se produce, en primera instancia, por la introducción misma del concepto de derechos como fundamento de las políticas sociales y en la constatación de que los pobres son titulares de derechos de los que se derivan correlativas obligaciones jurídicas para otros.

 

El empoderamiento del derecho a la salud está sustentado en los siguientes principios:

 

-En la dignidad y valor de la persona humana, expresados en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos que ha adquirido fuerza obligatoria e incluso jurisdicción en el ámbito internacional.

 

-En la vigencia de un Estado de Derecho Internacional en casi todos los países del mundo.  Es el reconocimiento expreso y explícito de los derechos inmanentes de las personas, como obligaciones legales exigibles, que las empoderan frente al Estado.

 

-En el Reconocimiento explícito del marco normativo de los derechos humanos, establecidos por los tratados internacionales sobre derechos fundamentales.

 

Ante estos principios, el Estado no debe interferir, ni obstaculizar o impedir, directa o indirectamente, el libre ejercicio de los derechos.  Debe abstenerse de realizar o tolerar cualquier acto que constituya una violación del derecho y por el contrario debe facilitar y promover los medios y condiciones para que los titulares de derechos puedan hacer efectivo su goce y ejercicio.

 

Además los derechos humanos y sus obligaciones exigen rendición de cuentas y responsabilidad. Sin un adecuado sistema de rendición de cuentas, las políticas públicas pasan a ser declaraciones retóricas, sin contenido, ni participación activa de los usuarios.

 

Los mecanismos de rendición de cuentas pueden ser judiciales, administrativos políticos o una combinación de los mismos. La condición es que sean accesibles, transparentes y eficaces.

 

No se trata necesariamente de que los usuarios tomen parte en las deliberaciones técnicas que subyacen en la formulación de la política, sino de que los receptores de la política, especialmente los más pobres, participen de la selección de prioridades y metas.

 

Las políticas públicas, enfocadas desde la perspectiva de los derechos humanos, deben estar investidas de los principios y orientaciones que emanan de la normativa internacional de los Derechos Humanos.

 

Entre los instrumentos internacionales de regulación interna de derechos humanos destacan:

 

-La Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su  artículo 25 declara: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,  la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".

 

-Otro instrumento base es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 

En los artículos 11 y 12  expresa que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, así como la mejora continua de las condiciones de existencia, de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas, asegurando la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

 

-La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Artículo 10 ratifica que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

 

 -Otros instrumentos con jurisprudencia global son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Tratado constitutivo de la Organización Mundial de la Salud.

 

Todos estos instrumentos conciben el derecho a la salud de modo integral, entendido como "el disfrute del más alto nivel de salud física y mental".

 

Esta amplia concepción supone una relación con otros derechos para obtener su efectivo cumplimiento, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la dignidad humana o a la no discriminación, entre otros.

 

En este contexto, y ante el  cambio en el perfil sanitario que se impone en nuestros países, con desafíos como disminuir las desigualdades y democratizar el acceso, se impone la necesidad de una reforma estructural de los modelos de salud y del desarrollo de las ciencia.

 

El ENFOQUE MORAL DEL DERECHO A LA SALUD

 

La salud, como un derecho con profundas implicaciones en lo social y lo civil, ha logrado aglutinar y movilizar en su entorno a diversas fuerzas sociales ante el cuestionamiento moral de los fundamentos que rigen la gestión y funcionamiento de los sistemas públicos y privados dispensadores de salud, en especial de las consecuencias del llamado paradigma neoliberal utilitarista de la salud.

 

En el mundo hay una corriente muy fuerte de académicos de diversos países, líderes comunitarios, políticos, profesionales, sindicatos, partidos, asociaciones civiles y estudiantiles que hacen presión por la mayor eficiencia en los sistemas de salud pública y en la resolución de las inequidades para que no se discrimine al paciente por ninguna condición social, política o económica.

 

En esa línea del pensamiento destaca el llamado enfoque de la Sustentabilidad de la Ciencia, que promociona los mayores esfuerzos por un avance científico más humanista, apegado a los valores éticos como el Enfoque Moral del Derecho a la Salud.

 

Este enfoque se apoya en el reconocimiento de  los derechos y prioridades de los usuarios, adoptando nuevas modalidades de provisión de atención, como planes de solución integral a problemas sanitarios que involucren el desarrollo de la ciencia y de los recursos tecnológicos en función de las prioridades sanitarias de la población.

 

Por ejemplo, mientras la cirugía cosmética ha experimentado un desarrollo técnico y farmacológico admirable, otras áreas de la salud, como la prevención de enfermedades de alto impacto, como la diabetes, no terminan por establecerse como rutinas de bajo costo y disponibles para toda la población desde la temprana infancia.

 

La idea es multiplicar la atención sanitaria con calidad, oportunidad y asequibilidad, buscando establecer una línea de equidad en las prestaciones de servicios, particularmente en las áreas donde existe inseguridad, discriminación o asimetrías en la atención.

 

SALUD Y SUSTENTABILIDAD

 

Es innegable que en la Humanidad ha habido un «despertar» de la conciencia pública respecto a la importancia de la salud en el desarrollo socio-económico de los países.

 

Los vínculos existentes entre salud y desarrollo sostenible se centran en los beneficios sociales, económicos y medioambientales que se obtienen a largo plazo de la inversión en la salud de las personas.

        

El punto de convergencia de estos enfoques es el principio de que cualquier sistema de salud que pretenda resolver las inequidades de salud deberá partir de establecer una carta de derechos que no discrimine por ninguna condición social o económica.

 

Hasta hace poco se solía considerar que en los países menos avanzados el desarrollo económico era un requisito previo para la mejora de las condiciones sanitarias de la población.

 

Sin embargo esa visión está cambiando, en el sentido de que los gobiernos, los políticos y los dirigentes reconocen, cada vez más, que invertir en la salud de las personas también puede ser un requisito previo para alcanzar el desarrollo social y económico.

        

Hoy, como nunca antes, cobra vigencia el aporte doctrinario de la Teoría de la Distribución Igualitaria  de los Recursos o Teoría de la Justicia, de John Rawls (Rals).

 

En 1971, Rawls publicó su obra Teoría de la Justicia que reactivó la filosofía política y reinstaló el rol central de la teorización sobre la justicia en las ciencias sociales.

        

El principal aporte de esta teoría es que se logra la diferencia entre la justificación legal y la justificación moral de los derechos sociales, como la salud y la educación.

 

En la jurisprudencia existen dos clases de derechos, los legales y los morales. Los derechos legales son pretensiones que se pueden reclamar judicialmente en un Estado y su violación es sancionada por los medios de coacción estatal.

 

En otras palabras, los derechos legales son los respaldados por una ley positiva que los hace explícitos. El caso de los derechos morales es diferente, pues cada ser humano los tiene sin necesidad de que se cumplan condiciones especiales. Estos derechos valen en virtud de la pertenencia a la comunidad humana.  Son derechos universales.

        

Ese basamento moral respalda, por igual, a los derechos sociales (educación, salud y trabajo, entre otros). Es el mismo principio moral en que se fundamentan los derechos humanos, es decir, en el respeto igualitario que merecen todos los seres humanos.

        

En el caso de las políticas de salud -como parte de la estructura básica de la sociedad- también se debe regir por principios de justicia, ya que generan condiciones que afectan a la realización de los proyectos de vida de las personas.

 

La política sanitaria no puede exclusivamente sujeta a las leyes del mercado, porque quienes no logren participar de él no tendrían acceso a la satisfacción de las necesidades, limitando el desarrollo de sus proyectos de vida y los de sus descendientes.

 

Una sociedad organizada exclusivamente según las normas del mercado no logrará legitimidad ante los ojos de sus ciudadanos y éstos no se pueden considerar a sí mismos personas libres e iguales, ni se sentirán comprometidos activamente con su futuro.

 

De lo que se trata es de humanizar la gestión de las instituciones sociales para derrumbar las barreras que convierten los servicios en privilegios de unos pocos.

 

CONCLUSIONES

 

La reforma de la salud de algunos países latinoamericanos, como Chile y algunas estados de Brasil, nos demuestra que es posible enfocar las políticas públicas desde la perspectiva de los derechos humanos de un modo viable que permita construir el desarrollo sanitario con equidad, transfiriendo poder a las personas, dignificando su condición de ciudadanos y poniéndolos en el centro de las políticas públicas.

 

         En este sentido es conveniente:

 

         -Reconsiderar y evaluar el cambio de dirección y dogmas que rigen las políticas públicas de salud en la mayoría de nuestros países, evolucionando hacia modelos sostenibles que ubiquen el bienestar social como pilar del desarrollo.

 

         -Los Estados deben garantizar, como principal prioridad,  el funcionamiento de sistemas públicos de atención en salud que aseguren la cobertura universal y equitativa de los servicios y la asistencia social.

 

         -Es prioritario elevar la inversión en salud como un componente esencial de la sostenibilidad, con un efecto sobre sucesivas generaciones, en términos de una mayor esperanza de vida, calidad de vida, y bienestar económico, medioambiental y social.

 

         -En materia de salud se requiere combinar la acción nacional e internacional, de acuerdo con el desarrollo terapéutico y de los avances científicos y tecnológicos por especialidades.  Recordemos que el desarrollo sostenible debe asumirse como sistema abierto a las  interacciones.

 

         -Es conveniente establecer un nuevo marco de cooperación nacional e internacional que fortalezca la formación del liderazgo con una clara vocación humanística, sustentada en el respeto y el reconocimiento de las diferentes normativas sobre derechos humanos.

 

         -Es necesario promover en los currículos y estrategias de formación continua los valores de la solidaridad, equidad y la justicia social.

 

         -También es vital fomentar el acceso universal al conocimiento e innovación en salud como un bien global y colectivo. Este desafío debe ser liderado por las universidades en acción conjunto con los sistemas nacionales y locales de salud y los gremios profesionales.

 

         -Es prioritario crear consensos en torno a métodos técnicos, instrumentos, indicadores y análisis que promuevan el desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria que mejoren la disponibilidad de datos para la adopción de decisiones, tanto a nivel nacional como mundial.

 

         -Finalmente, fortalecer los sistemas nacionales de salud y las instituciones públicas sanitarias con una participación activa de la población y de los usuarios para asegurar la cobertura, equidad, sostenibilidad e impacto positivo de las acciones de salud.

 

Sabemos que el replanteamiento de los sistemas de salud es una tarea de retos impresionantes. Sin embargo, cada paso que se concrete es una respuesta efectiva a largo plazo. Recordemos que pocos desafíos son más trascendentales o más urgentes que la salud.

 

Lo prioritario es lograr el respeto a la dignidad de cada usuario y promover el abordaje de la salud desde el enfoque de los derechos humanos. Sólo así construiremos una sociedad más condescendiente y respetuosa, que no etiquete ni ponga precios a la vida, a la salud y a la dignidad.

                  

Muchas Gracias.




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